LOS PAPELES DE SALAMANCA

Los archiveros españoles, «hartos» de las injerencias del Ministerio
Los funcionarios se plantan. Constituyen la primera asociación nacional de funcionarios para denunciar varias decisiones políticas que «perjudican el servicio público al ciudadano»
La polémica desatada en torno a la desmembración del Archivo de Salamanca y sus posteriores consecuencias en otros archivos de carácter nacional ha puesto en pie de guerra a los archiveros del país, que han comenzado una serie de medidas destinadas a parar lo que consideran constantes injerencias del Ministerio de Cultura en su trabajo diario.

El nacimiento de la primera asociación ‘Archiveros Españoles en la Función Pública’ (AEFP) supone el primer paso en firme para acabar con la politización de un sector, que ha visto amenazada su profesionalidad desde que el Ministerio de Cultura decidiera entregar unilateralmente documentación a la Generalitat de Cataluña.

La AEFP pone en tela de juicio algunas decisiones del Ministerio entre otras, la posibilidad de que el Archivo de la Corona de Aragón traspase la titularidad de algunos de sus fondos a la Generalitat, algo que en la AEFP no están dispuestos a consentir porque constituye una medida ‘ad hoc’ impulsada únicamente por motivos políticos tal y como se reconoce desde la propia asociación.Los portavoces de la AEFP son preclaros: «A día de hoy, se transfería la gestión de lo que afectaba exclusivamente a una comunidad autónoma aunque, como en el caso del Archivo de Indias, en el Archivo de Simancas o en el propio Archivo de Salamanca, la titularidad fuera del estado pero en el caso de la Corona de Aragón sería la primera vez que un patronato tuviera participación de varias comunidades autónomas, algo que es un sinsentido porque cuando los contenidos afectan a más de una comunidad, la gestión es función única y exclusivamente del Ministerio».Los archiveros ponen de manifiesto que archivos como los de la Real Chancillería de Valladolid o la Real Chancillería de Granada también contienen documentación que afecta a muy diferentes comunidades autónomas, pero nunca se permite una representación «paritaria» de las mismas como en el caso de la Corona de Aragón.El manifiesto de la AEFP plasma por escrito por primera vez ésta y otro tipo de denuncias que en opinión de los archiveros «impiden una correcta gestión y accesibilidad de los archivos públicos a los ciudadanos».Entre los problemas planteados por los funcionarios de archivo se encuentran la falta de regulación de acceso a los archivos de Justicia militar o la ‘externalización’ de importantes documentos del Estado a empresas privadas o la retirada del carné de investigador, una medida que para los funcionarios carece de sentido porque «si lo que de verdad se pretende es que los archivos den un servicio digno a la sociedad democrática, primero debe lograrse que los documentos estén archivados en condiciones dignas y atendiendo a criterios profesionales, no a una legislación que es dispersa y confusa, según los lugares desde los que se emite», apuntan.


Fuente: La Tribuna de Salamanca